El PSOE acepta la comisión de la Operación Cataluña si se limita hasta su llegada al gobierno

El PSOE negocia contra reloj con su socio de coalición y sus aliados nacionalistas en el Congreso de los Diputados la votación a favor este jueves en el pleno para que se forme una nueva comisión de investigación sobre corrupciones relacionadas con el PP, en este caso en torno al Ministerio del Interior y la llamada Operación Cataluña montada para desprestigiar a dirigentes independentistas catalanes. El PSOE persigue, para dar su visto bueno y que la comisión prospere y empiece a funcionar en las próximas semanas, que el objeto de la comisión se limite temporalmente hasta su llegada al Gobierno, en 2018, para demostrar que la policía ahora no ejecuta ese tipo de actuaciones ilegales.

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Anticorrupción sostiene que Cospedal puso en marcha «una estrategia para hacer desaparecer pruebas contra el PP”

La Fiscalía Anticorrupción pidió la semana pasada que se investigue la implicación de dirigentes del PP en el caso Kitchen, una causa que instruye el juez Manuel García-Castellón y en la que han sido procesados el exministro del Interior Jorge Fernández y su número dos, Francisco Martínez, por una operación ilegal para destruir pruebas contra el PP en la que participaron supuestamente media docena de policías.
El escrito de Anticorrupción para justificar esta medida desglosa las distintas conversaciones grabadas por Villarejo con la que fue secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y el exsecretario de Estado del ministerio del Interior Francisco Martínez. En esas conversaciones, pertenecientes al primer semestre de 2013, cuando se puso en marcha la operación Kitchen, Cospedal conversa con el comisario José Manuel Villarejo sobre la forma de evitar que se publiquen los papeles de Barcenas, o sacar de la investigación al inspector de policía encargado de hacer los informes para el juez que instruía el caso en aquel momento. 
Anticorrupción, que ya recurrió la decisión del juez de exculpar a Cospedal y sacarla de la causa, pide ahora que se vuelva a imputar a la exsecretaria general del PP y le atribuye, en función de las conversaciones conocidas tras su publicación en EL PAÍS y en el digital Fuentes Informadas, la intención de obstaculizar la investigación judicial contra el PP por financiación ilegal. “Los nuevos elemento indiciarios que contienen las grabaciones ahora publicadas”, señala la Fiscalía Anticorrupción, “ponen de manifiesto el contenido real de las reuniones entre María Dolores de Cospedal y el comisario Villarejo Pérez, que no era otro que poner en marcha una estrategia para hacer desaparecer parte de las pruebas que pudieran afectar al PP, o personalmente a la secretaria general del partido en el Gobierno, impidiendo su acceso al procedimiento penal del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional”.
Aunque Anticorrupción detalla las conversaciones en las que Villarejo presumía de que el expresidente Mariano Rajoy estaba al tanto de estas operaciones ilegales, no pide al juez la declaración del exlíder del PP.

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