La Policía Nacional considera que la guerra de Ucrania tiene y tendrá consecuencias directas en la seguridad dentro de las fronteras españolas. Entre ellas, el riesgo de un incremento del tráfico ilícito de armas “a corto y medio plazo” procedente de arsenales sin control de uno y otro contendiente que comiencen a circular por Europa. No será la única amenaza derivada del conflicto bélico, según recoge el Plan Estratégico de la Policía Nacional 2022-2025, un documento confidencial al que ha tenido acceso EL PAÍS y en el que se desglosan los retos a los que deberán enfrentarse los agentes en los próximos años y las líneas de trabajo para combatirlos. El texto también alerta sobre un previsible incremento de ciberataques por parte de “actores estatales y paraestatales”, en clara referencia al régimen de Vladimir Putin, como el que afectó al Consejo Superior de Investigación Científicas (CSIC) en julio. En marzo, poco después del estallido de las hostilidades, España ya elevó a 3 el nivel de su alerta de ciberseguridad, en una escala de cinco, ante el riesgo de ataques informáticos procedentes de Rusia.

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Más repatriaciones de inmigrantes irregulares

La Comisaría General de Extranjería y Frontera, responsable de la lucha contra la inmigración irregular, aboga en su apartado del Plan Estratégico para el periodo 2022-20025 por «aumentar las repatriaciones» de inmigrantes irregulares. En concreto, señala a los de origen subsahariano, para lo que propone el empleo de «vuelos macros [de gran tamaño] a los países de origen» mediante la firma de acuerdos bilaterales «eficaces». También plantea incrementar las repatriaciones «con Argelia y Marruecos», punto de origen de la mayor parte de las pateras que llegan a las costas españolas. E insiste en consolidar la expulsión de «la población reclusa extranjera», una figura contemplada en el caso de condenas superiores a un año de cárcel. El documento también apunta la necesidad de hacer un desarrollo normativo en materia de asilo «que permita disminuir el número de peticiones abusivas que impiden la ejecución de dichas repatriaciones». Por último, la Policía insiste, como ya hacía en un documento similar del año pasado, en una previsible «alta presión migratoria procedente de África» fruto de «la situación económica mundial», causada primero por la covid-19 y, posteriormente, por la guerra en Ucrania.