El impuesto de patrimonio representa una parte ínfima de los ingresos de las comunidades autónomas de régimen común. El grueso procede de los recursos del sistema de financiación, pendiente de renovar desde 2014. El Estado también les cede el 50% de la recaudación por el IVA y el 58% por los impuestos especiales sobre el alcohol o hidrocarburos. La justificación del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, de suprimir patrimonio para atraer a empresarios de Cataluña o recuperar a grandes capitales que se habrían afincado en Madrid, gobernada también por el PP y la única comunidad de toda España que bonifica al 100% el impuesto que grava la riqueza, no se sustenta en datos sólidos. Se trata, más bien, de un discurso con un fuerte componente ideológico dirigido a los sectores más pudientes de la derecha y que supone una pérdida de inversión para servicios públicos esenciales, sostienen el PSOE y los expertos consultados.

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