25 años de Poder Judicial bajo control de la derecha

Buena parte del funcionamiento de la Justicia —la mayoría de los nombramientos de cargos de la cúpula judicial; los informes sobre proyectos de ley del Gobierno; la acción disciplinaria— ha estado en manos del PP (antes AP) y de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura desde casi el comienzo de la democracia en España. Incluso durante los 25 años de Gobiernos del PSOE (1982-1996; 2004-2011; y 2018-2022), la derecha mantuvo el control del Poder Judicial mediante distintas maniobras: el bloqueo en la renovación del Consejo con sus votos en el Congreso o el bloqueo en la renovación de cargos judiciales con los votos de los vocales elegidos por ellos mismos. Los hitos principales de esa situación son los que siguen.

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Mariano Rajoy llegó al Gobierno en noviembre de 2011. Una de las primeras promesas de su Ejecutivo fue el cambio legal para que los jueces eligieran directamente a los 12 vocales de extracción judicial del Consejo General del Poder Judicial. Pero cuando Alberto Ruiz-Gallardón, titular de Justicia, llevó la reforma al Consejo de Ministros, Rajoy decidió que la nueva ley no saldría del cajón durante sus siete años de Gobierno.
Dos años después de la llegada del PP al poder, el PSOE que lideraba Alfredo Pérez Rubalcaba, asumió en plazo la renovación del Poder Judicial con algunas condiciones. El PP propuso a Manuel Marchena, magistrado de la sala de lo Penal del Supremo, para presidir un Poder Judicial con mayoría absoluta conservadora. Rubalcaba vetó a ese candidato por sus pronunciamientos en dos sentencias, pero aceptó a otro, Carlos Lesmes, que había sido alto cargo del Gobierno de José María Aznar. 
Ese Consejo General del Poder Judicial debería haber sido renovado en diciembre de 2018. Un mes antes, Pablo Casado (elegido líder del PP cuatro meses antes) logró en noviembre de 2018 un acuerdo muy ventajoso para elegir a nueve de los 20 vocales y poner al presidente: Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo. Para justificar ese acuerdo, el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, hizo circular un mensaje de WhatsApp sobre Marchena como un instrumento en manos del PP con el que podrían controlar «por detrás» la Sala de lo Penal del Supremo. Marchena renunció al regalo al conocer ese mensaje y el acuerdo no se ejecutó nunca. Desde entonces, el PP bloquea con distintas excusas la renovación del Poder Judicial.

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