Es un asunto recurrente y muy delicado, como lo fueron en 2021 los indultos a los presos del procés. Pero el trasfondo político es similar. El Gobierno está dispuesto a reformar el delito de sedición en el Código Penal, y el presidente Pedro Sánchez lo ha dejado claro muchas veces, la última el viernes en Bruselas, para reducir las penas y así homologarlas a la media europea. En España, el delito de sedición tiene una pena máxima de 15 años para las “personas constituidas en autoridad”. En Europa, según los estudios que maneja el Ejecutivo, la media está alrededor de los seis años, y hay varios países importantes por debajo. La legislación europea es mucho más suave tanto con la sedición como con la rebelión, que algunas legislaciones ni contemplan. De hecho, la justicia española se ha encontrado sistemáticamente con un muro en los distintos países ―Alemania, Bélgica, Italia― en los que se ha intentado perseguir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont desde que huyó de Cataluña para esquivar a la justicia española.

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