El acuerdo para desbloquear el Poder Judicial estaba prácticamente cerrado. Según el Gobierno, completamente listo. Según el PP, faltaba alguna cosa que debían cerrar los dos líderes, sobre todo la redacción final de la proposición de ley por la que el Congreso ordenaba al nuevo Consejo General del Poder Judicial que en seis meses debía elaborar un informe no vinculante sobre el nuevo método de elección de los vocales para que los jueces ganaran peso en el sistema.

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