El Gobierno no tiene prisa. Pedro Sánchez y su equipo están convencidos de que Alberto Núñez Feijóo ha cometido un error estratégico de libro al romper en el último momento la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que estaba ya prácticamente lista, alegando que no puede aceptar que el Gobierno tenga intenciones de reducir las penas del delito de sedición. El Ejecutivo, como explicó Sánchez en el Congreso este miércoles, cree que “el PP no tiene argumentos” para justificar esta espantada, y por eso ha aparcado de momento cualquier tipo de medida drástica —la más dura de todas sería recuperar la ley que permitía renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con mayoría absoluta y no por tres quintos como ahora, esto es sin necesidad de contar con el PP— para que todo el foco se ponga en el fiasco de Feijóo. Y para concentrarse en lo más importante en este momento, según la visión del Gobierno: la renovación del Tribunal Constitucional, que supondría cambiar la mayoría a favor de los progresistas para los próximos nueve años, de la misma manera que en 2013 se cambió a favor de los conservadores y ha seguido así los últimos nueve años.

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