La proposición de ley que el PSOE y Unidas Podemos registrarán hoy en el Congreso implica la desaparición en el Código Penal del delito de sedición, que tiene ahora una pena de hasta 15 años y se usó para condenar a los líderes del procés hasta 13 años de prisión, para sustituirlo por uno de desórdenes públicos agravados con una pena máxima de cinco años, un tercio de la actual. Esto supondrá una reducción muy importante de las penas a las que tendrían que enfrentarse los líderes fugados como Carles Puigdemont y Marta Rovira, y reducirá la inhabilitación a un máximo de ocho años de otros que han sido indultados parcialmente como Oriol Junqueras, pero no implicará que los dirigentes aún no procesados puedan librarse de la cárcel, porque los actos del procés seguirán siendo delito aunque con una pena mucho más leve, en línea con la legislación de la mayoría de los países europeos, mucho más suave que la española en este asunto.
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