El Defensor del Pueblo ha puesto en duda algunas de las explicaciones que le ha dado el Ministerio del Interior sobre la actuación llevada a cabo el 24 de junio, cuando centenares de personas intentaron entrar en España desde Marruecos forzando la entrada del puesto fronterizo de Barrio Chino, en Melilla. En una resolución que puede encontrarse en su página web, la institución cuestiona varias afirmaciones de la versión de la Secretaría de Estado de Seguridad (SES); desde la coordinación con los agentes marroquíes, que ahora se niega, a la afirmación oficial de que los agentes no eran conscientes del riesgo que corrían los migrantes. También incide en la falta de procedimiento legal para ejecutar las devoluciones, que se realizaron con ayuda de los agentes marroquíes, y apunta que el lanzamiento de gases y piedras por parte de los guardias españoles pudo “intensificar la situación de peligro”.

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Fragmentos de los vídeos grabados el pasado 24 de junio, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, demuestran que los migrantes atrapados en la avalancha cayeron también del lado español.

Refugiados sin refugio: imposible llegar a la oficina de asilo

Una de las recomendaciones del Defensor tras los hechos del 24 de junio en Melilla es que España garantice que los refugiados puedan pedir asilo en la frontera o en consulados y embajadas. España ha defendido ante el Tribunal de Derechos Humanos, que juzgó las devoluciones en caliente, que hay varias opciones de entrar en España como refugiado, por lo que no se justificaría un salto a la valla.

El Defensor del Pueblo, sin embargo, constata la imposibilidad de acceso al puesto fronterizo de Beni Enzar (Melilla), donde está la oficina de asilo, a todo aquel que no sea marroquí. La institución también señala la imposibilidad de que nacionales de terceros países puedan solicitar protección internacional en las representaciones diplomáticas de España en Marruecos, un procedimiento que recoge la ley de asilo española.

En el caso de Marruecos, preocupa especialmente al Defensor del Pueblo «el alto número de personas, presumiblemente con necesidades de protección internacional, que se ven obligadas a poner en riesgo sus vidas» para poder pedir asilo en España, en lugar de acogerse a las posibilidades que contempla la ley.