José Antonio Griñán (Madrid, 76 años) se recluyó en su domicilio en Mairena del Aljarafe (Sevilla) cuando el Tribunal Supremo ratificó el pasado julio la condena dictada tres años antes por la Audiencia Provincial de Sevilla en el caso de los ERE. El alto tribunal confirmaba una pena de seis años de cárcel para quien fue presidente de la Junta de Andalucía, ministro de Sanidad y de Trabajo y presidente del PSOE. Ahí se acabó su esperanza, aunque sigue confiando en que a medio plazo el Tribunal Constitucional atienda el recurso de amparo que presentará su letrado, José María Calero, apoyándose en el voto particular discrepante de dos magistradas del Supremo que rechazaron la condena por malversación contra Griñán al no ver ninguna “prueba seria y sólida” en su caso. Si ese recurso no prospera, su intención es acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “Va a llegar hasta el final, porque cree profundamente en la justicia”, aseguran las personas de su entorno que han hablado con este periódico.

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