Los primeros informes presentados por la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre cómo debe aplicarse la ley de Garantía Integral de Libertad Sexual a hechos juzgados o cometidos antes de la entrada en vigor de esta norma son contrarios a rebajar la pena. Los fiscales del alto tribunal aplican el criterio instaurado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que en un decreto firmado este lunes ordenó que el ministerio público se oponga a rebajar el castigo a los agresores sexuales cuyas penas estén dentro de la horquilla prevista para ese delito por la ley del solo sí es sí, aunque la nueva norma permita también penas más bajas.

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