El sector socialista del Gobierno ha transmitido “explícitamente” a su socio en la coalición, Unidas Podemos, que hay que aprovechar las apenas tres semanas que quedan de actividad en el Congreso antes de las vacaciones de Navidad para “cerrar leyes que están abiertas” y despejar así al máximo las polémicas que pudieran perjudicarles en la larga campaña electoral que se avecina en 2023: primero con unas autonómicas y municipales el 28 de mayo, y luego las generales a finales de año.

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El tope a los alquileres y alternativas a los desahucios

En las 51 páginas del documento firmado en diciembre de 2019 para el pacto de investidura entre el PSOE y Unidas Podemos, Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España, se integró un apartado específico sobre vivienda y sobre el límite del precio de los alquileres. Para UP fue una fijación. El compromiso tardó tiempo luego en plasmarse legalmente y desde marzo está enfangado en la discusión de 866 enmiendas. El Ministerio de Fomento, del que depende esta competencia, ha puesto muchos reparos sobre algunas promesas que el PSOE aún discute en el Parlamento pese a la presión a la que le somenten sus socios de UP, ERC y EH Bildu para poner un tope al precio de todos los alquileres en las llamadas zonas tensionadas con la intervención del mercado. Fomento y el PSOE buscan rebajar ese ámbito de actuación solo para los grandes propietarios con más de 10 inmuebles (15% del total).
Los socios reclaman que la ley obligue a los grandes tenedores de vivienda a ofrecer un alquiler social a familias que no tengan una alternativa propia de vivienda y que estén dentro de los parámetros de riesgo de exclusión social antes de plantear una demanda por impago del alquiler. El Ministerio ve problemas de constitucionalidad en esa medida y ofrece fórmulas alternativas de mediación y arbitraje en los desalojos de familias vulnerables.