Alberto Núñez Feijóo ya ordenó tumbar una primera vez el 18 de noviembre junto al PSOE la comisión de investigación sobre la tragedia de Melilla, y ahora, a pesar de las nuevas revelaciones de una investigación internacional en la que ha participado EL PAÍS y el duro debate que protagonizó este miércoles en el Congreso el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el PP se inclina por seguir el mismo camino. Los populares enfrían la posibilidad de respaldar la investigación parlamentaria, mientras siguen aumentando la presión sobre el ministro del Interior, contra quien presentarán una reprobación en el Congreso a mediados de diciembre. El problema para el PP es que lo sucedido en la frontera de España con Marruecos le sitúa frente a sus contradicciones: los populares quieren cobrarse la pieza política de Grande-Marlaska sin poner en aprietos a la Guardia Civil ni criticar demasiado a Marruecos, aunque sí han cuestionado su actuación en territorio español. Unidas Podemos, que hace 15 días firmó con otros socios del Ejecutivo pedir esa comisión, ahora tampoco la quiere y menos aún reprobar al ministro, para no abrir la vía de socavar internamente a otros miembros de la coalición de su partido como Irene Montero.

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