La familia de Francisco Franco no podrá retirar del Pazo de Meirás (Sada, A Coruña) los 564 bienes que reclama, al menos hasta que acabe la disputa judicial para determinar si los enseres y documentos en cuestión pertenecen los herederos del dictador o al Estado. El Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid ha decidido dejar temporalmente esos bienes en manos del Estado “hasta que se ponga fin al pleito mediante la oportuna sentencia”. El juez considera que dárselos a los herederos del dictador “implicaría un claro peligro de pérdida o desaparición” de los bártulos, incluso si se cree “que no está en la voluntad” de los Franco el “proceder a la enajenación inmediata de los bienes”. La sentencia da por sentado que el depósito temporal no supone “importantes perjuicios” para los familiares del dictador, que han gozado durante la mayor parte de sus vidas del palacio, cuya propiedad recuperó el Estado en 2020.
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