Las autoridades cuyo patrimonio se incremente durante el ejercicio del cargo público en más de 250.000 euros sin justificación podrán ser castigadas con hasta tres años de cárcel, inhabilitación de dos a siete años y una sustanciosa multa. Así figura en la enmienda que van a presentar hoy en el Congreso el PSOE y Unidas Podemos, aliados del Gobierno, para la modificación del Código Penal, que supone incluir un nuevo artículo que impone al cargo público la obligación de dar explicaciones del origen del enriquecimiento ilícito, al menos hasta cinco años después de haber abandonado su función, lo que supone un reforzamiento de la mera sospecha, pues los proponentes optan “un delito de desobediencia ante los requerimientos de los organismos competentes”. La propuesta supone crear un nuevo delito de enriquecimiento ilícito, en paralelo a la reforma de la malversación, para reforzar la lucha contra la corrupción.
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