Las reformas de los delitos de sedición y malversación impulsadas por el Gobierno seguirán implicando penas de cárcel para las conductas atribuidas a los líderes del procés, aunque el castigo será muy inferior al ya impuesto a los dirigentes independentistas juzgados y condenados por el Tribunal Supremo (el más alto, 13 años de cárcel e inhabilitación para Oriol Junqueras) y a la pena a la que se podría enfrentar hasta ahora el expresidente catalán Carles Puigdemont. Esta es la conclusión que comparten magistrados y juristas consultados por EL PAÍS tras conocer la enmienda transaccional registrada por el PSOE para reformar la malversación, que castiga con entre uno y cuatro años de cárcel el desvío presupuestario de dinero a una finalidad pública distinta de aquella a la que estaba inicialmente destinado. Los juristas se inclinan por que, en principio, esta nueva modalidad podría aplicarse a los líderes del procés, y aunque ninguno se atreve a concretar qué pena resultaría, advierten que sobre el papel la reducción de penas es de hasta dos tercios respecto a la actual (de un máximo de 12 años previsto hasta ahora para ese tipo de malversación a un máximo de cuatro con la nueva redacción).

Seguir leyendo