Cuando, en junio de 2021, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que concedería los indultos a los líderes del procés condenados a prisión, el independentismo desdeñó la medida, negándole cualquier viso de coraje político a pesar de que Sánchez la presentó como una forma de desinflamar la situación en Cataluña. Incluso ERC la atribuyó simplemente a una hipotética presión de organismos europeos. Ahora, con la reforma del Código Penal —fruto de una negociación entre el PSOE y ERC— prácticamente lista, y promovida con igual o incluso más entusiasmo por parte del presidente del Gobierno, el secesionismo no se mueve un ápice de ese planteamiento y vive el anuncio con frialdad. Hasta que no esté todo consumado, insisten distintas voces de partidos y entidades independentistas, no se podrá realmente evaluar el impacto. Y eso a pesar de que los inmediatos beneficiarios de la reforma son los condenados del procés y quienes están pendientes de juicio por esa causa.
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