Los diputados del PSOE votarán este jueves “sin ningún entusiasmo” la reforma del delito de malversación. Pedro Sánchez ha reconocido que la decisión es “arriesgada”, pero está convencido de que será el paso definitivo para resolver el conflicto político en Cataluña. Su círculo de confianza también opina que el revuelo que está suponiendo la modificación exprés del Código Penal, y de la rebaja de seis a cuatro años por malversar de la que se beneficiarían 21 cargos y excargos públicos independentistas de la Generalitat que están siendo investigados o esperan juicio por su participación en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, será pasajero. Los augurios de los ministros más convencidos es que la normalización de la situación en Cataluña incluso será “un activo electoral” en las autonómicas y municipales, cuando el PSOE se juega todo su poder territorial —los nueve presidentes autonómicos y 2.700 alcaldes del PSOE se juegan la reelección en mayo— y contribuirá a la reelección de Sánchez en las generales de final de 2023. Un optimismo que se convierte en escepticismo y muchas dudas entre todos los cuadros del PSOE consultados los últimos días por el PAÍS a lo largo de su escalafón: alcaldes, secretarios provinciales, diputados, senadores y barones de toda España, entre ellos dirigentes que siempre han defendido otras decisiones polémicas de Sánchez como los indultos en junio de 2021 a los líderes secesionistas que fueron encarcelados por su papel en el procés. “La militancia no ha recibido nada bien este cambio de la malversación, con tantas prisas y por sorpresa. Ni siquiera cuando los indultos me encontré una oposición en las bases como la de ahora. Hasta la reforma de la sedición ha sido mucho mejor recibida”, afirma un líder territorial.

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