El PP ha tachado de “ataque al orden constitucional y al Estado de derecho” la tramitación de la reforma legal para facilitar el desbloqueo del Tribunal Constitucional por la vía de dos enmiendas a la proposición de ley sobre el delito de sedición. Sin embargo, el PP ha incurrido en el pasado exactamente en las mismas prácticas legislativas contra las que ahora reacciona con la máxima indignación. Hasta el punto de que el precedente jurisprudencial que puede utilizar ahora el tribunal de garantías para darle la razón al PP en su recurso de amparo es por una actuación del PP. Se trata de una sentencia del Constitucional del año 2011, que dio la razón a un grupo de senadores socialistas que había recurrido en amparo porque el Gobierno de José María Aznar tipificó en el año 2003 un nuevo delito de convocatoria de referéndums ilegales utilizando una enmienda a la Ley de Arbitraje, que nada tenía que ver, en el Senado. La dirección popular recibió este jueves con frustración que el tribunal de garantías haya aplazado la decisión sobre su recurso de amparo hasta el lunes, aunque en la cúpula eran conscientes de que era muy difícil que el tribunal frenara la votación en el Congreso.

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