Nadie recuerda en el Congreso, ni tampoco en el Gobierno, un choque institucional y público entre los principales poderes del Estado del nivel, la complejidad, el ruido y la incertidumbre que el registrado este jueves durante el debate y la aprobación de una serie de enmiendas para reformar unos artículos del Código Penal y la ley que regula el sistema de elección de Tribunal Constitucional, cuando ese órgano estuvo a punto de impedir siquiera el debate de esas iniciativas en el pleno. No hay ningún precedente político asimilable, y por eso se mencionó tanto la intentona armada del golpe de Estado del 23-F del coronel Antonio Tejero. Lo que sí hay son muchos antecedentes del uso y abuso de los Gobiernos del PP y el PSOE de enmendar y corregir leyes con enmiendas en proyectos sin ninguna relación, de amenazas y recursos por ello ante el Constitucional y, por supuesto, de leyes o decretos ómnibus, esos cajones de sastre legislativos en los que vale casi todo.

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