La Fiscalía del Tribunal Constitucional no es partidaria de adoptar medidas cautelares como la que reclama el PP para suspender el procedimiento legislativo, ahora pendiente de un último pleno en el Senado, que reforma las leyes del Poder Judicial y del propio tribunal de garantías para facilitar su renovación, según indican a EL PAÍS fuentes jurídicas conocedoras de esta situación. La opinión del fiscal es una de las que deberán tener en cuenta los 11 magistrados del Tribunal Constitucional a la hora de atender al recurso de amparo presentado el miércoles por 13 diputados del Partido Popular.

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