Es una asfixiante mordaza al Parlamento. Por insólita en su contenido material. De un solo trallazo el tribunal que se supone debe garantizar los derechos fundamentales, impide a la Cámara alta, el Senado, deliberar y votar. Desmocha la decisión adoptada por la Cámara baja, el Congreso, para desbloquear la parálisis interna que atenaza al propio tribunal. Y arroja así a los ciudadanos a la orfandad en su derecho democrático esencial a “participar en los asuntos públicos”, por “medio de sus representantes”, como les aseguraba el artículo 23 de la Constitución.

Seguir leyendo