El Gobierno de coalición debate internamente y con sus socios en el Parlamento la oportunidad de registrar con varios grupos políticos en el Congreso la proposición de ley que pretende cambiar de nuevo el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional con la máxima urgencia, pero después de conocer el fallo de ese órgano de garantías que tumbó su anterior intento de reforma por la vía exprés de las enmiendas a otra norma y que aún no se ha hecho público. Esa derrota y sus consecuencias han provocado una crisis institucional sin precedentes en España entre distintos poderes del Estado. Algunos dirigentes socialistas y de Podemos presionaron para forzar esa tramitación exprés este mismo jueves, para hacerla coincidir simbólicamente con el pleno del Senado programado para votar esas reformas suspendidas.
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