La Fiscalía archivó este viernes la investigación sobre la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio porque no apreció indicios de delito en la actuación de las fuerzas de seguridad españolas. La fiscal descarta el delito de homicidio imprudente al no poder concluir que la actuación de los agentes contribuyese en alguna medida a la muerte de al menos 23 migrantes y refugiados; y tampoco aprecia un delito de omisión del deber de auxilio porque considera que los guardias civiles no fueron conscientes de la situación de riesgo en la que se encontraban los migrantes. El decreto, sin embargo, se detiene a lo largo de varias páginas en las “posibles fallas de un sistema” que permite que personas merecedoras de protección internacional pongan en riesgo su vida. Mantiene que faltan mecanismos reales para pedir asilo, y pide soluciones.
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