El Tribunal Constitucional, una vez desbloqueados los cuatro nombramientos pendientes desde junio, se encamina hacia una mayoría progresista especialmente holgada: 7-4. En realidad la relación de fuerzas debería ser de 7-5, pero no lo es porque desde hace cinco meses está vacante el puesto que dejó el magistrado conservador Alfredo Montoya, que presentó su renuncia en julio tras sufrir el verano anterior un ictus. La renuncia de ese magistrado, que había sido designado en 2017 por el Senado a propuesta del PP, rebajó a 11 el número de componentes del tribunal de garantías. Y esa plaza, que correspondería a un jurista propuesto por el PP, aún no ha sido cubierta.
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