El Tribunal Constitucional ha dictado en sus sentencias la reciente historia de España. El órgano de garantías, dominado durante los últimos nueve años por una mayoría de magistrados elegidos a propuesta del PP, ha levantado en este tiempo un muro de autos y sentencias —la mayoría, por unanimidad— frente a los intentos de ruptura de la Generalitat catalana. Por otro lado, sus resoluciones han transformado un país donde hoy es constitucional rechazar en la frontera a un migrante sin facilitarle un abogado que le defienda, o es legal subvencionar con fondos públicos a colegios que discriminan por sexo porque “el sistema de educación diferenciada es una opción pedagógica que no puede conceptuarse como discriminatoria”. Cualquier ciudadano puede acabar en la cárcel por quemar una bandera de España o librarse de la prisión aunque haga chistes sobre terrorismo, según la variada interpretación de la Constitución que ha hecho el tribunal en este tiempo. La última amnistía fiscal del Gobierno del PP fue declarada inconstitucional sin consecuencias para los amnistiados. El tribunal también avaló la prisión permanente revisable (el castigo más duro en la reforma del Código Penal), porque no es “ni inhumano ni degradante”, y quitar la tarjeta sanitaria a inmigrantes que carecen de permiso de residencia en España, uno de los recortes que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy durante la crisis económica.

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