Seis en prisión y dos a la espera: los ex altos cargos de la Junta condenados por malversación en la pieza política de los ERE fraudulentos

La Audiencia de Sevilla dictó un auto el pasado 22 de diciembre en el que informaba a los ocho ex altos cargos de la Junta andaluza condenados a penas de cárcel por malversación de que disponían de 10 días naturales para ingresar en un centro penitenciario. Tanto el expresidente José Antonio Griñán como el antiguo viceconsejero de Empleo Agustín Barberá han solicitado la suspensión de esa medida tras alegar que sufren sendas enfermedades graves, y los médicos forenses deben corroborar ahora que es incompatible mantener un buen estado de salud con su estancia en la cárcel.

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Carmen Martínez Aguayo

Viceconsejera de Economía y Hacienda entre el 26 de abril de 2004 y el 24 de abril de 2009, pasó a ser consejera de Hacienda entre el 23 de abril de 2009 y el 9 de septiembre de 2013. Está condenada a seis años y dos días de prisión y 15 años de inhabilitación por malversación y prevaricación. En el primer delito, que es el que lleva incorporada la pena de cárcel, la Audiencia de Sevilla argumentó que había “asumido la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados”. Es decir, que era plenamente consciente de que las ayudas podían ser desviadas por la falta de controles. A ella le llegaron, según la acusación, informes advirtiendo de las irregularidades. Martínez Aguayo ingresó el pasado 29 de diciembre en el centro penitenciario de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

José Antonio Viera Chacón

Consejero de Empleo entre el 29 de abril de 2000 y el 25 de abril de 2004. Presidente de IFA-IDEA desde enero de 2003 hasta el 25 de abril de 2004. Condenado a siete años de prisión por malversación y 18 años de inhabilitación absoluta por prevaricación. La Audiencia de Sevilla lo señala por “el papel relevante que desempeñó tanto en la Consejería, como en el Consejo Rector del IFA, permitiendo que el director general de Trabajo [el fallecido Javier Guerrero] dispusiera de los fondos vinculados al programa 31L con fines ajenos al fin público al que estaban destinados”. Viera firmó en 2001 el convenio con el instituto IFA-IDEA para que este se encargara de entregar las ayudas, un mecanismo considerado irregular por el tribunal. Ingresó en la cárcel este lunes 2 de enero.

Antonio Fernández García

Viceconsejero de Empleo entre 2000 y 2004, presidente del IFA entre 2001 y 2003 y consejero de Empleo desde el 25 de abril de 2004 al 22 de marzo de 2010. Condenado a siete años y 11 meses de prisión por malversación y a 19 de inhabilitación por prevaricación. La Audiencia de Sevilla tiene en cuenta para imponerle la pena “el elevado número de ayudas” que se concedieron durante sus años como alto cargo de la administración, primero como número dos de Viera y luego como responsable de Departamento. Se le achaca su “papel relevante disponiendo, y permitiendo que el director general de Trabajo [el fallecido Javier Guerrero] dispusiera de los con fines ajenos al fin público al que estaban destinados”. Ingresó en prisión este domingo 1 de enero.

Francisco Vallejo Serrano

Consejero de Innovación desde el 25 de abril de 2004, al 24 de abril de 2009, y presidente del IFA, posteriormente IDEA, en el ejercicio 2004. Condenado a siete años de prisión por malversación y 18 de inhabilitación. Fue responsable directo de los fondos de subvenciones para los ERE, y como tal autorizaba la firma de convenios particulares para el pago de las ayudas fraudulentas. El fallo lo considera al tanto de todas las irregularidades. Ingresó en prisión este lunes, 2 de enero.

Miguel Ángel Serrano Aguilar

Director General de la agencia IDEA, desde el 17 de junio de 2004, hasta el 14 de mayo de 2008. Condenado a seis años y seis meses de cárcel por malversación y 17 años de inhabilitación absoluta por prevaricación. Los ERE se pagaban a través de la empresa pública de la que él era responsable, un procedimiento irregular, según el fallo del tribunal: “A pesar de tomar conocimiento de cómo se estaban concediendo las ayudas, de la indebida presupuestación de las transferencias de financiación, y de la indebida utilización del IFA como entidad colaboradora, continuó con la firma de los convenios”. Ingresó en prisión este lunes, 2 de enero.

Jesús María Rodríguez Román

Viceconsejero de Innovación entre el 19 de marzo de 2005 y el 1 de abril de 2010, así como vicepresidente del IFA, posteriormente IDEA, tras la adscripción del instituto a dicha Consejería, en 2004. Condenado a seis años de prisión por malversación y 15 de inhabilitación por prevaricación. Como subordinado directo de Vallejo, tanto en la Consejería de Innovación como en IDEA, también era responsable directo de la gestión de los fondos de los ERE. La sentencia asegura que tuvo “conocimiento de las deficiencias” y que “era plenamente consciente de la patente ilegalidad” del procedimiento, “asumiendo la eventualidad de que los fondos fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados”. Ingresó en prisión este lunes, 2 de enero.

José Antonio Griñán

Consejero de Economía y Hacienda entre 2004 y 2009 y presidente de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013. Condenado a seis años de prisión por malversación y a 15 de inhabilitación absoluta por prevaricación. En el fallo, que solo reconoce responsabilidad en su etapa como responsable de Economía y Hacienda del Gobierno andaluz, el tribunal tuvo en cuenta que “intervino en la elaboración de los presupuestos de los años 2005 a 2009 y sus modificaciones, participando posteriormente en su aprobación por el Consejo de Gobierno”, todo ello con conocimiento de que esas ayudas podían ir dirigidas a “fines ajenos al fin público al que estaban destinados” por su falta de control. Ha pedido la suspensión de la entrada en la cárcel al alegar una grave enfermedad.

Agustín Barberá Salvador

Viceconsejero de Empleo entre el 26 de abril de 2004 y el 30 de abril de 2010. Condenado a siete años de prisión por malversación y 18 de inhabilitación absoluta por prevaricación. La Audiencia tiene en cuenta “el papel relevante” que desempeñó en la Consejería como su número dos, “disponiendo y permitiendo que el director general de Trabajo [el fallecido Javier Guerrero] dispusiera de los fondos para los ERE con fines distintos” a los estipulados. Su firma consta en numerosas órdenes de pago de las ayudas dirigidas a la agencia IDEA. Ha pedido la suspensión de la entrada en la cárcel al aducir una grave enfermedad.

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