La primera pregunta de un juez de la Audiencia Nacional a las partes en un caso de corrupción sobre la posibilidad de que la reforma del delito de malversación que ha promovido el Gobierno beneficie a los imputados ha generado una gran inquietud en el mundo político, pero el Ejecutivo traslada absoluta tranquilidad y confianza de que no estamos ante un nuevo problema como el de la ley del solo sí es sí, donde la interpretación de los jueces, que el Gobierno rechaza, ha permitido que hasta 140 agresores sexuales hayan logrado menores penas como consecuencia de la reforma, algo que nadie en el Ejecutivo esperaba. El Gobierno está absolutamente seguro de que esta vez las cosas están meridianamente claras. La reforma no ha tocado la parte que afecta a los delitos de corrupción clásicos, esto es, los que suponen sustracción de dinero público, asegura el Gobierno, y solo ha creado un nuevo tipo de “desviación presupuestaria” pensado expresamente para beneficiar a los imputados por el procés, que se enfrentarán así a penas mucho más bajas, al pasar de un máximo de 12 años a otro de 4. “La orientación de esa reforma tenía el objetivo de no despenalizar ningún tipo de corrupción. Solo se ha diferenciado el que roba el dinero público del que se produce una desviación del presupuesto irregular”, ha asegurado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.

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