En noviembre de 2021 se desataron las críticas internas en el Gobierno, dentro del PSOE y en especial en Unidas Podemos. “¿Cómo es posible que tengamos que tragar y votar a Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional?”, repetían diputados e incluso ministros en los pasillos del Congreso. El escándalo era mayúsculo. Algunos socialistas y miembros de UP amenazaban con romper la disciplina de voto. Odón Elorza, que fue durísimo con Arnaldo en la comisión del Congreso que debía examinar su idoneidad, finalmente la rompió y pagó 600 euros de multa. Otros no se atrevieron a tanto, pero las dudas eran muy fuertes. “Esperemos que Bolaños tenga realmente pactada la renovación del Constitucional en junio [de 2022] con el PP, porque si no esto es un fiasco descomunal”, señalaba en ese momento un dirigente destacado. Bolaños, ministro de la Presidencia y gran negociador de Pedro Sánchez, multiplicaba las llamadas para aplacar esa crisis interna. Y a todos les decía lo mismo: “confiad, con el tiempo veréis que este sapo valió la pena. Está en juego lo más importante, la mayoría progresista del Constitucional durante nueve años”.

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