Esta frase del nuevo auto del juez instructor Pablo Llarena puede tener unas severas consecuencias penales y políticas que podrían alterar la estrategia del Gobierno en relación con el conflicto político catalán: “Acordar por esta resolución la busca y captura e ingreso en prisión, como presuntos autores de sendos delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código Penal”. Al expresident Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig no se les acusaría por el tipo de desórdenes públicos agravados, como era esperable tras la derogación de la sedición, sino que podrían ser encarcelados por malversación. La reacción del eurodiputado Puigdemont, voluntarista y noqueado, fue grabar un video donde denunciaba tanto la justicia española como la estrategia política de desjudicialización impulsada por el Gobierno y Esquerra Republicana. El disgusto era evidente y es lógico. Si su apuesta por politizar el conflicto en las instancias europeas fracasa, la nueva acusación por malversación, tal y como ha sido redactado ahora el delito, podría acercar su extradición.

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