El Gobierno impulsó dos reformas legales para abaratar el delito de malversación y derogar el de sedición sustituyéndolo, con mucha menos pena, por el de desórdenes públicos agravados. Pero desde que entraron en vigor las nuevas leyes, el jueves 12 de enero, los jueces han desbaratado los planes del Gobierno con esas iniciativas legislativas. Cuando se han puesto a aplicar las normas aprobadas, los magistrados han dictado autos o providencias con interpretaciones contradictorias y un punto en común: todas las decisiones judiciales frustran, de una manera o de otra, los objetivos que el Ejecutivo perseguía con cada una de las reformas legales.
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