El Gobierno de Castilla y León, donde PP y Vox son aliados, tiene previsto poner en marcha este lunes el protocolo con el que pretende reducir los abortos en la región, aunque de momento se ignora el contenido y la fuerza legal de las medidas, ya que no han sido publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León de hoy ni enviadas a ninguno de los hospitales consultados esta mañana en León, Burgos y Valladolid. Las medidas antiabortistas anunciadas por el ultra Juan García-Gallardo, vicepresidente regional, han llevado al Gobierno central a dirigir un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad para que esta “se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que incumpla la actual normativa” con respecto al aborto por “posible vulneración de principios fundamentales”. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha advertido esta mañana de que llegará hasta el final para detener “esta tropelía” y en la defensa del derecho de la mujer a interrumpir el embarazo sin coacciones, lo que incluye recurrir las medidas ante el Tribunal Constitucional. El vicepresidente autonómico ha defendido esta mañana el protocolo, pero ha matizado que lo que será obligatorio no será el aplicar las medidas: “Lo que será obligatorio es la posibilidad de ofrecer información” sobre el latido fetal y la ecografía 4D.

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