El Gobierno ha dado el primer paso para llevar al Tribunal Constitucional a la Junta de Castilla y León a fin de evitar que PP y Vox adopten en esta comunidad cualquier actuación que afecte o limite la ley del aborto. El Consejo de Ministros aprobará este martes un acuerdo por el que “se requiere de incompetencia” al Ejecutivo autonómico para que se abstenga de adoptar “cualesquiera actuaciones que vulneren o menoscaben la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”. El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo tiene un mes para contestar. En caso de no hacerlo, lo habitual tras este requerimiento es la presentación de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, cuya sola admisión supone la suspensión automática durante seis meses de la norma autonómica recurrida, hasta que se pronuncie el tribunal.

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