El recurso de la Fiscalía a la decisión del magistrado Pablo Llarena de no aplicar a Carles Puigdemont el nuevo delito de desórdenes públicos agravados supone el primer pronunciamiento relevante del ministerio público sobre la reforma penal impulsada por el Gobierno por la que se deroga la sedición y se rebajan las penas de algunos tipos de malversación. La Fiscalía General del Estado está preparando un decreto para unificar el criterio sobre cómo deben interpretarse estos cambios legales, pero el escrito registrado este martes por los fiscales del procés, cuyo contenido, según fuentes del ministerio público, ha sido consensuado con el fiscal general, Álvaro García Ortiz, deja varias pistas sobre cómo va a actuar el ministerio público ante los tribunales.
Sé el primero en comentar en «El recurso de los fiscales sobre Puigdemont marca el camino que seguirá el ministerio público para Junqueras y otros acusados de malversación»