La guerra del agua por el trasvase Tajo-Segura ha entrado en una nueva fase. Todas las comunidades afectadas —Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía— sostienen que el Consejo de Estado les ha dado la razón en su último informe (aunque defienden posiciones opuestas), mientras multiplican —sin importar si están presididas por el PP o el PSOE— la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. Según el calendario previsto, el Consejo de Ministros debería aprobar el próximo martes el Proyecto de Real Decreto por el que se revisan 12 planes hidrológicos de cuenca de los ríos españoles para el periodo 2022-2027. Y esa revisión implica un recorte en el trasvase más polémico de los que existen en España: el que desvía agua del mayor río de la Península, el Tajo, desde su cabecera en Castilla-La Mancha a tres comunidades del sur y el Levante.

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