El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha enviado este miércoles a todos los fiscales un decreto con las pautas para aplicar la reforma del delito de malversación aprobada en diciembre pasado. En el texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, García Ortiz insta a no apoyar la rebaja de penas dictadas por apropiación indebida con el anterior Código Penal. Eso implica, entre otras decisiones, rechazar que el cambio legal impulsado por el Gobierno beneficie a los líderes independentistas del procés condenados por este delito (como Oriol Junqueras) y a los que permanecen huidos, como el expresident Carles Puigdemont. En cuanto a los que están en España pendientes de juicio (una treintena de ex altos cargos de la Generalitat), el efecto de la reforma sobre ellos dependería de si se les aplica o no la modalidad agravada de malversación, en función de la cantidad de dinero desviado. El fiscal general limita también el alcance de la reforma respecto a los casos en los que el delito no implique el enriquecimiento personal del acusado.

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