José Luis Rodríguez Álvarez, máximo responsable del organismo que vela por la transparencia en España, tiene un problema: no puede obligar a las administraciones públicas a cumplir con las resoluciones del Consejo de Transparencia, que preside. Es así desde que entró en vigor, en 2014, la ley que regula el derecho de acceso a la información pública, con la que cualquier ciudadano puede pedir datos e información a las entidades nacionales, regionales o locales.

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