El gabinete técnico del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entregó hace dos meses el informe más esperado sobre el proyecto del Gobierno para reformar la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal —vigente desde 1882 y con 77 modificaciones posteriores— de manera que la instrucción de las causas pase de los jueces a los fiscales.
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