El 20 de octubre de 2020, el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil aún investigaba en secreto el caso Cuarteles, la trama de amaño de obras en instalaciones del instituto armado en la que está imputado el teniente general retirado Pablo Vázquez Jarava. Entonces, el centro de las pesquisas no era aún el alto mando de la Guardia Civil, sino un constructor canario llamado Ángel Ramón Tejera de León, Mon, tres de cuyas empresas habían resultado beneficiadas con un elevado número de adjudicaciones. Ese día, los agentes entregaron al juez un informe en el que detallaban las pesquisas sobre la situación económica del constructor, que en 2016 había conseguido que sus mercantiles recibieran 80 contratos del instituto armado por un valor cercano a 1,4 millones de euros. El resultado era sorprendente: “[Tejera de León] no tiene percepciones, ni cuentas corrientes, ni actividades económicas, ni vehículos”, resaltaba el documento. Era, prácticamente, un fantasma desde el punto de vista patrimonial. EL PAÍS ha intentado contactar con el contratista a través de su abogado para conocer su versión, pero no ha obtenido respuesta.

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