Unos bloques ondulados de hormigón gris rompen desde hace unos días con las monótonas filas de nichos blancas y horizontales que ordenan el cementerio sevillano de San Fernando. Esos sillares rompen deliberadamente la estética del camposanto hispalense para llamar la atención sobre el lugar que durante 87 años ocultó uno de los ejemplos de la violencia de la Guerra Civil y el franquismo: la fosa común de Pico Reja. La mayor de España y la segunda mayor de Europa Occidental después de la de Srebrenica, en Bosnia Herzegovina, según sostiene la Sociedad de Estudios Aranzadi, que ha coordinado al equipo de técnicos forenses en la exhumación. En los tres años que ha permanecido abierta, se han extraído de la fosa más de 10.000 restos mortales; de ellos, 1.786 de represaliados por la sublevación y la dictadura, que ahora descansan en el osario-memorial que se ha levantado sobre ella, a la espera de que las muestras de ADN permitan ponerles un nombre.

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El ADN, la asignatura pendiente

 
El columbario de Pico Reja oculta la fosa, pero no entierra nada. “Nos deja un sabor agridulce, porque llega tarde. Muchos hijos y víctimas, que estaban vivas, han fallecido en este tiempo. El ADN ahora mismo es clave, pero se está haciendo un cuello de botella en el laboratorio de Granada”, advierte Luis Naranjo, excomisionado de la Memoria Histórica y portavoz de la Asamblea Memorialista. El equipo de Aranzadi ha enviado al laboratorio de referencia de la Universidad de Granada 1.107 muestras de las víctimas halladas en Pico Reja, y faltan 450 más por enviar, lo que sumaría un total de 1.557. De ellas, la Junta ha confirmado a EL PAÍS que se han analizado 300 y que, después del cotejo con 298 de familiares, no se han hallado coincidencias. Los primeros resultados han tardado mucho tiempo en llegar. “Después de más de 80 años, el ADN está muy deteriorado y hay que ser muy conscientes de que va a ser complicado hallar coincidencias. Pero hay que agilizar. No pueden pasar otros 80 años en tener los resultados. La Junta debe duplicar el convenio con el laboratorio [300.000 euros] porque, hasta ahora, les habían llegado 100 muestras, pero hay que sumar las 1.000 de Pico Reja, las de Cádiz, las de Nerva y las que vendrán”, advierte José Estanislao, presidente de la Coordinadora por la Memoria de Andalucía.