Las fuerzas de seguridad del Estado escarban desde hace meses en los archivos que han acumulado durante décadas sobre ETA —incluidos los documentos intervenidos en Francia— para tratar de avanzar en los sumarios reactivados recientemente contra los exjefes de la organización terrorista; y sortear así el férreo pacto de silencio de los antiguos dirigentes de la banda armada. Según el recuento de EL PAÍS, los jueces de Instrucción de la Audiencia Nacional han solicitado ya información en ocho causas que señalan a 23 miembros de las sucesivas cúpulas etarras, con el objetivo de reconstruir su composición y probar que nada se movía en la banda sin que ellos lo ordenasen y supiesen.

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