Leticia García tenía 32 años cuando se metió en el pleito que ha ocupado casi la mitad de su vida. Era febrero de 2002, vivía de alquiler en un piso en Madrid y ganaba poco porque estaba aún comenzando su carrera laboral tras estudiar económicas. Le había tocado un premio que en apariencia le iba a ayudar a tener una vida más desahogada: la herencia de su abuela, compartida junto con otros 15 familiares. Eran tres edificios habitados por inquilinos cerca del Parque del Retiro de Madrid, un lugar privilegiado. Los inmuebles eran bonitos por fuera, pero muy viejos por dentro, sin aire acondicionado ni calefacción. Hacía falta una costosa reforma, pero las circunstancias de cada copropietario eran distintas y no se ponían de acuerdo. Lo mejor era dividir la comunidad: registrar las viviendas a nombre de unos herederos y compensar económicamente a los otros. Sin imaginarlo, se adentraban en un laberinto judicial del que aún no han podido salir, 21 años después.

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