Alberto Núñez Feijóo ha sorteado como ha podido el debate sobre la ilegalización de Bildu agitado por las voces más duras de la derecha porque cree que esta no es viable jurídicamente. El líder del PP ha cumplido una semana evitando pronunciarse sobre si lo consideraba una posibilidad a estudiar, como pide la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o directamente había que promover la ilegalización, como reclaman algunos sectores de su propio partido y Vox. Lo más lejos que ha llegado ha sido a instar al Gobierno a que active a la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado para que encontraran un resquicio para anular las candidaturas de los 44 condenados por delitos de terrorismo. Una vez que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha descartado ese camino —este miércoles archivó la denuncia presentada por la asociación de víctimas Dignidad y Justicia al no apreciar indicios de ilegalidad—, el líder del PP zanja el debate interno sobre las vías jurídicas. Según fuentes de su entorno directo, Feijóo considera que instar a la ilegalización de EH Bildu a través del mecanismo previsto en la Ley de Partidos es un “brindis”, además de un planteamiento poco serio, toda vez que ETA abandonó la violencia hace doce años y anunció su disolución hace cinco.

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