Los resultados del 28 de mayo han exhumado de nuevo los argumentos favorables a introducir la fórmula de la lista más votada en nuestro sistema político-electoral. Como es sabido, este mecanismo institucional adjudicaría automáticamente la responsabilidad de gobernar a la candidatura que hubiera conseguido el mayor número de sufragios, aunque no contara con la mayoría absoluta de votos y por escasa que fuera la diferencia mantenida con respecto a las demás formaciones. ¿Hasta dónde llegan las ventajas de esta fórmula?

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