El verano es época de vacaciones. La grandes ciudades se vacían y el consiguiente éxodo llena los lugares turísticos. Sin embargo, estos últimos no son los únicos que registran en estos meses su pico de ocupación anual. Las cárceles españolas repiten desde hace años un fenómeno sobre cuyos motivos los expertos en estadísticas penitenciarias no se ponen de acuerdo: la población reclusa crece sistemáticamente durante la primera mitad del año hasta alcanzar su pico en el segundo trimestre y, en la mayoría de los casos, en junio. Luego, inicia un descenso hasta el final de año. “No conocemos la causa, pero evidentemente no es casual”, señalan fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. “Es consecuencia de la menor actividad de la administración de justicia en agosto”, apuntan desde el Departamento de Justicia de la Generalitat.

Seguir leyendo

Menos reclusos, más funcionarios y un acuerdo

En diciembre de 2009, las cárceles españolas registraron su ocupación más elevada, con 76.073 internos. El endurecimiento del Código Penal en la reforma de 1995 había hecho que de los 48.600 internos que había en 2003 se pasase en solo seis años a esa cifra. Sin embargo, la siguiente reforma, la de 2010, que rebajó de manera notable las penas para, entre otros delitos, los de tráfico de droga en pequeña escala cambió el sentido de la curva. Fueron también los años de la generalización de las condenas a trabajos en beneficio de la comunidad para sustituir las penas de privación de libertad para los delitos leves contra la seguridad vial y de violencia de género. Ese descenso fue continuo hasta 2016 y, tras dos años de estancamiento, la pandemia y el confinamiento provocaron una nueva bajada que hizo que a finales de 2021 hubiera 55.097, el número más bajo. En 2022, el aumento fue de tan solo 655 internos.  

En paralelo, el número de trabajadores penitenciarios en las cárceles dependientes de Interior alcanzaba el 30 de junio una cifra récord: 25.345 entre funcionarios y personal laboral. Solo un año, en 2010, hubo un número mayor de trabajadores en las prisiones de Interior, con 25.448, aunque entonces los destinados en las tres prisiones vascas (unas 600) dependían de Interior y ahora  son funcionarios del Gobierno vasco.

Los sindicatos observan estas cifras con recelo ya que consideran que las ofertas públicas de empleo que han permitido este aumento no han solventado, en su opinión, las carencias de personal. Jorge Vila, de la CSIF, insiste en que en la actualidad “hay 4.000 vacantes sin ocupar”. Joaquín Leyva, de Acaip-UGT, cree que “el problema [de personal], lejos de solucionarse, sigue estancado”. Pese a ello, la conflictividad laboral en las cárceles ha descendido tras años de enfrentamiento entre sindicatos y administración. El motivo: el acuerdo firmado entre Interior y cuatro organizaciones sindicales en marzo, que supuso una simplificación en la clasificación de los centros penitenciarios de los nueve grupos que había a tan solo tres. Dependiendo del grupo al que pertenezca el centro en el que se trabajaba, los trabajadores recibían cantidades distintas de complemento salarial. El cambio ha permitido actualizar las retribuciones con subidas mensuales que van desde los 130 a los 295 euros mensuales.