En enero de 2016, el rey Felipe VI, que solo llevaba año y medio en el trono, tuvo que aplicar por vez primera el artículo 99.1 de la Constitución: “Después de cada renovación del Congreso de los Diputados […], el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá a un candidato a la Presidencia del Gobierno”. La sorpresa para el Rey, y para toda la sociedad española, fue que el candidato propuesto, Mariano Rajoy, líder del partido más votado, el PP, declinó el ofrecimiento. Felipe VI no tuvo más remedio que trasladar el encargo al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien aceptó someterse a una investidura, fallida de antemano, para que el “reloj de la democracia” —el plazo de dos meses desde que se vota al primer candidato hasta que se disuelven automáticamente las Cortes si no hay presidente— echara a andar y España saliera del callejón del bloqueo político.

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