La deuda de las comunidades autónomas se ha multiplicado por cinco desde que estalló la crisis financiera. Ya supera los 322.000 millones de euros, según los datos del primer trimestre de este año. El grueso de este pasivo no está en manos de bancos e instituciones financieras: es el Estado el principal acreedor de los Gobiernos regionales en su conjunto. Tiene en su poder el 60% de la deuda autonómica, equivalente a unos 187.000 millones. Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía acaparan las tres cuartas partes de este importe, que han acumulado a lo largo de los años a través de los préstamos baratos que el Tesoro empezó a conceder a las autonomías durante la Gran Recesión. Ahora, en el medio de las negociaciones para conseguir el apoyo de los partidos independentistas catalanes a la investidura, el Gobierno en funciones ha abierto la puerta a buscar una solución a ese lastre en el marco de una reforma del sistema de financiación autonómico, causando recelos en los Ejecutivos regionales tanto del PP como del PSOE.

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Condonación generalizada

Antoni Zabalza, en un estudio titulado Plan de saneamiento de la deuda autonómica, recomendaba en 2021 una condonación generalizada de deuda que ascendía casi a 160.000 millones de los 270.000 que acumulaban las comunidades en 2018, para que el peso de la mochila crediticia pasara del 25% a solo un 10% respecto al PIB. El exsecretario de Estado de Hacienda entre 1991 y 1993, actual profesor de la Universidad de Valencia y presidente de Ercros, lo argumentaba como paso para paliar “la excesiva dependencia de los ingresos de las comunidades respecto del ciclo económico, cuando la evolución de sus gastos está guiada fundamentalmente por factores demográficos”. Es decir, en su opinión, el sistema, anclado a los ingresos de una cesta de impuestos, no tenía en cuenta contracciones del PIB como las que se produjeron durante la gran crisis de 2007-2013, lo que obligó a las comunidades a, además de recortar sus servicios públicos, aumentar de forma considerable su deuda para mantener sanidad, educación y otros apartados del Estado del Bienestar. “No hacer nada sobre esta cuestión deja las comunidades con un lastre que invalida su existencia como entidades autónomas”, resume.