La extrema derecha gobierna ya sobre casi 10 millones de españoles, los habitantes de Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Aragón, donde el PP, para asegurarse esos gobiernos regionales, les ha entregado tres vicepresidencias y siete consejerías (nueve si se incluyen las incorporadas a las vicepresidencias) con competencias en industria, empleo, interior, cultura, turismo, deporte, agricultura, ganadería, gestión forestal, desarrollo territorial y desplobación. Gracias a los populares, Vox ostenta también la presidencia de cuatro parlamentos autonómicos. El programa con el que el partido de Santiago Abascal se presentó a las generales del pasado 23 de julio dice: “Promoveremos un Estado unitario administrativamente descentralizado; mientras logramos ese objetivo [es decir, mientras no se modifica lo que recoge desde 1978 la Constitución Española sobre el modelo de país], proponemos la devolución inmediata al Estado de las competencias en educación, sanidad, seguridad y justicia”. Vox no cree en las autonomías —su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, las describe como “17 reinos de taifas”—, pero cogobierna en cuatro y ha asumido algunas competencias que su propio programa quiere devolver. El PP ha defendido esos acuerdos asegurando que Vox es un partido “constitucionalista”.

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