El Gobierno y los partidos que lo integran se cuidaron ayer de entrar públicamente al choque con el Tribunal Constitucional (TC), pero en privado varios de sus miembros expresaron su malestar por la decisión de no admitir a trámite el recurso de Carles Puigdemont contra su última orden de detención. En el Ejecutivo en funciones subrayaron que se trata de una decisión sin precedentes, en plenas vacaciones y adoptada por dos magistrados claramente alineados con posiciones conservadoras. En el Gobierno preocupa que determinadas decisiones judiciales puedan enturbiar las negociaciones con el independentismo, primero para configurar el próximo día 17 la nueva Mesa del Congreso y, más adelante, para intentar la investidura de Pedro Sánchez.

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