El Defensor del Pueblo ha cuestionado la actividad de la agencia europea de fronteras (Frontex) en territorio español y ha puesto en duda los interrogatorios a los que los agentes de la agencia someten a los migrantes según desembarcan de las pateras. Para la institución a la que representa Ángel Gabilondo estos interrogatorios se realizan sin que los entrevistados tengan información suficiente sobre el objetivo de las preguntas y el uso que se hará de sus respuestas, tampoco sobre sus derechos, como permanecer en silencio. Los interrogatorios, considerados conversaciones voluntarias por los agentes, se efectúan sin abogado y, la mayoría de las veces, sin intérpretes que hablen la lengua materna de los migrantes. En una resolución de este mes, el Defensor recomienda a la Dirección General de la Policía que se revisen los planes operativos de Frontex en España. El objetivo es que ante los interrogatorios se garantice, entre otras cosas, que los migrantes reciban asistencia jurídica e información en su idioma y que así puedan decidir libremente si se someten o no a una entrevista que puede perjudicarles. La Policía no ha confirmado si aceptará las recomendaciones de la institución.

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